El Programa de Inclusión Previsional ha sido, seguramente, uno de los mayores avances que en materia previsional se han implementado en las últimas décadas. Su aporte esencial a la cobertura del sistema, su impronta inclusiva que ha permitido que cerca de un millón ochocientos mil ciudadanos tengan acceso a una jubilación o pensión. El concepto de creación de derechos ciudadanos es lo más significativo de este programa paradigmático, que ya es ejemplo en los países de iberoamérica. El programa vino a reparar los daños producidos a los ciudadanos víctimas de la degradación de las relaciones laborales y los vaivenes macroeconómicos que fueron fruto de las políticas sin raigambre social. Por otra parte, implicó una sinergia entre ANSES y los gobiernos provinciales y municipales para facilitar a la población más desprotegida el acceso a su beneficio jubilatorio, a una obra social y el cobro de las Asignaciones Familiares.
La puesta en vigencia de la Ley 25.994, Art. 6 y el Decreto del 1454/05, que caducaron el 30 de abril de 2007, permitieron que personas en edad jubilatoria (mujeres a los 60 años y varones a los 65 años), que carecían de años de aportes formales, pudieran acceder a una prestación previsional.
Por su parte, el Decreto 1454/05 permitió por primera vez a los autónomos con problemas de regularización de deudas de aportes, poder inscribirse en un plan de regularización de deudas anteriores a 1994, que les permitiera acceder al beneficio previsional.
Esta estrategia del Estado Argentino permitió entonces, que personas en situación de crisis económica y que fueron víctimas de las sucesivas crisis del país, pudieran volver al sistema, regularizar su situación y ser incluidos como ciudadanos plenos que no dependieran ya de la decisión política de los gobiernos a la hora de sus beneficios previsionales.
Así, el sistema de seguridad social, medido en términos de la tasa de cobertura del sistema de reparto, que mostraba una evolución francamente decreciente, pasando de un 55,8 % de cobertura de la población en edad jubilatoria (60/65 años) en 1996, a un 47,3 % de cobertura en 2005 logra aumentar significativamente la tasa, pasando a un 56,5 % en 2006 y un 70,5 % en 2007.
Es preciso tener en cuenta que influyen en esta situación de precariedad laboral las dificultades económicas de las décadas del 70 y 80, la pérdida creciente de puestos de trabajo, el aumento del empleo informal, la desocupación de los 90 y un aumento de los requisitos jubilatorios, que afectaron la protección social de los ciudadanos.
Ya con la moratoria en vigencia, para el mes de diciembre de 2006 los beneficios otorgados por dicho plan representaban el 18 % de los beneficios puestos al pago en el sistema de jubilaciones y pensiones.
En julio de 2007, con 1,4 millones de beneficiarios por moratoria, ese porcentaje aumenta al 30 %, lo que refleja la importancia sustancial de este programa en el sistema previsional argentino.
Una muestra de los países de la región muestra ahora a Argentina entre los países con mayor cobertura para adultos mayores, con tasas de más del 80 %, junto con Uruguay y Brasil.
El Programa de Inclusión Previsional representó para la Administración Nacional de la Seguridad Social un esfuerzo enorme de recursos humanos y tecnológicos, que podrían mostrarse con el dato de que una iniciación normal de solicitudes de prestaciones previsionales en ANSES era de 21.000 expedientes en 2002 y en noviembre de 2006, en plena ejecución del programa, fue 6 veces superior a esa cifra, pasando a 127.000 expedientes.
Medido en términos de afluencia de público el impacto es notorio, ya que habitualmente 850.000 personas concurren mensualmente a las oficinas del organismo; con el Programa en marcha se han logrado picos de hasta 1,6 millones de consultas (marzo 2007), lo que muestra un incremento del 88 %.
Tengamos en cuenta que sólo en expedientes resueltos, el organismo previsional pasó de 263.000 resueltos en el año 2002 a más de 1,5 millones de trámites resueltos en el año 2007, lo que representó un incremento del 500%.
Resaltamos los principales avances que en materia social y económica ha alcanzado el Plan de Inclusión:
Marco Institucional y Legal
Toda la actividad del Programa se encuentra reglamentada por las leyes que forman parte del sistema institucional Jubilatorio Argentino; como lo son las leyes 25.994 y 24.476, además de la Ley 24.241 que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.Universalidad de la Prestación
Todos los ciudadanos mujeres y hombres que hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el plan tuvieron oportunidad de acceder al mismo.Incremento de la tasa de cobertura
En un enorme esfuerzo, el Estado Argentino logra revertir la decreciente tasa de cobertura, cubriendo a gran parte de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.Mejora de la distribución del ingreso
El plan cumple sus objetivos de mejora distributiva del ingreso, incrementando el ingreso de los hogares y contribuyendo al crecimiento de las distintas variables que favorecen al conjunto de los argentinos.